El Gobierno abrió procedimientos contra 45 empresas y personas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas. La medida se presenta como una defensa de la soberanía argentina, pero contrasta con anteriores posiciones de Javier Milei, quien reivindicó a Margaret Thatcher y llegó a reconocer el control británico sobre el archipiélago.

El Gobierno de Javier Milei profundizó su ofensiva contra las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y avanzó con procedimientos sancionatorios contra 45 compañías y personas relacionadas directa o indirectamente con esos proyectos.

La decisión apunta contra petroleras, accionistas, inversores, ejecutivos y proveedores de servicios involucrados en las operaciones que la Argentina considera ilegales por desarrollarse en un territorio cuya soberanía reclama el país y sin autorización de las autoridades nacionales.

En el centro de las actuaciones aparece Sea Lion, el proyecto impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, que contempla una inversión cercana a US$1.800 millones y prevé comenzar a producir petróleo en 2028.

El anuncio permitió al Gobierno adoptar un discurso marcadamente soberanista sobre Malvinas. No obstante, invita a preguntarse ¿cuánto hay de continuidad y cuánto de giro en la posición de Milei sobre la cuestión Malvinas?

Porque el mismo Presidente que ahora promete sancionar a quienes exploten petróleo en las islas ha reivindicado públicamente a Margaret Thatcher, la primera ministra británica que condujo al Reino Unido durante la guerra de 1982.

De admirar a Thatcher a endurecerse contra las petroleras

Durante la campaña presidencial de 2023, Milei reconoció su admiración por Thatcher. Y en mayo de 2024 volvió a sostener esa posición en una entrevista con la BBC. Consultado específicamente por su valoración de la ex primera ministra británica, respondió que una cosa era la guerra y otra considerar que quienes estaban del otro lado podían ser buenos gobernantes.

En aquella misma entrevista, Milei sostuvo que las islas estaban bajo control británico y consideró que la visita del entonces canciller británico David Cameron a Malvinas no constituía una provocación. También defendió avanzar mediante la vía diplomática y evitar una confrontación permanente con el Reino Unido.

Esa postura contrasta con el tono utilizado ahora por el Gobierno, que presenta la explotación petrolera como una vulneración de la soberanía argentina y amenaza con aplicar sanciones a todos los actores involucrados.

El giro de Milei sobre la autodeterminación

En abril de 2025, durante el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el Presidente sostuvo que la Argentina debía convertirse en una potencia para que los habitantes de las islas eligieran convertirse en argentinos.

La idea de que los isleños puedan decidir su futuro fue interpretada como una reivindicación del principio de autodeterminación, un concepto que el Reino Unido utiliza como uno de los principales argumentos para sostener su posición sobre las islas.

La postura histórica argentina, en cambio, sostiene que ese principio no resulta aplicable al caso Malvinas porque se trata de una población implantada posteriormente a la ocupación británica de 1833. El discurso de Milei generó críticas precisamente porque parecía acercarse a uno de los argumentos centrales de Londres.

Ahora, poco más de un año después, el Gobierno endureció significativamente el discurso y anunció sanciones contra empresas que participen de la explotación hidrocarburífera.

Las petroleras que quedaron en la mira

Las actuaciones alcanzan a Navitas Petroleum Development and Production Limited y Navitas Petroleum Atlantic Limited, vinculadas con Sea Lion, además de accionistas de la compañía como Harel Insurance Investments & Financial Services, Migdal Insurance and Financial Holdings, Phoenix Financial y Meitav Investment House.

Del lado de Rockhopper aparecen Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Rockhopper Exploration (Oil) Limited, junto con accionistas e inversores vinculados a la empresa.

El listado también incluye compañías relacionadas con otros proyectos hidrocarburíferos, entre ellas Borders & Southern Falkland Islands Limited, JHI Associates y JHI Falklands, además de Eco (Atlantic) Oil & Gas.

La ofensiva alcanza incluso a firmas vinculadas con infraestructura, servicios y asesoramiento petrolero, como Noble Corporation, Netherland, Sewell & Associates y Fugro.

Los actores involucrados tienen origen en distintos países, entre ellos Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Sudáfrica y Kazajistán.

Sea Lion y un negocio petrolero de US$1.800 millones

La disputa tiene como principal escenario a Sea Lion, ubicado aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

Navitas controla el 65% del proyecto y es su operadora, mientras que Rockhopper posee el 35% restante. Las compañías avanzaron a fines de 2025 con la decisión final de inversión para la primera etapa.

El emprendimiento contempla unos US$1.800 millones de inversión, con aproximadamente US$1.000 millones financiados mediante deuda. La producción está prevista para 2028, con una capacidad inicial estimada en 55.000 barriles diarios.

Para la Argentina, el problema no es solamente económico. El Gobierno considera que las operaciones hidrocarburíferas desarrolladas en el área constituyen una explotación ilegítima de recursos naturales en un territorio cuya soberanía reclama el país.

Qué puede hacer el Gobierno contra las empresas

La ofensiva se apoya en la Ley 26.659, que establece sanciones para quienes desarrollen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.

Entre las penalidades previstas se encuentran:

  • multas equivalentes a entre 15.000 y 1,5 millones de barriles de petróleo;
  • inhabilitación de entre 5 y 20 años para desarrollar actividades en el país;
  • decomiso de equipos y materiales;
  • reversión de concesiones y permisos hidrocarburíferos;
  • agravamiento de las sanciones en caso de reincidencia.

El Gobierno pretende además extender las consecuencias a compañías que presten determinados servicios o mantengan vínculos comerciales con los proyectos cuestionados.

Un nuevo discurso soberanista con viejas contradicciones

La defensa de la soberanía sobre Malvinas constituye una política de Estado argentina y trasciende a los distintos gobiernos. Por eso, el anuncio de sanciones contra empresas que explotan recursos hidrocarburíferos en las islas no constituye, por sí mismo, una novedad en el reclamo argentino.

Lo que resulta llamativo es el contraste con el recorrido discursivo del propio Milei.

El Presidente que hoy presenta a Malvinas como una cuestión central de la soberanía nacional es el mismo que reivindicó a Thatcher, relativizó el carácter provocador de las acciones británicas en las islas y, más recientemente, planteó que los propios isleños deberían eventualmente elegir ser argentinos.

La contradicción tampoco pasó inadvertida fuera del país. En los últimos días, distintos análisis internacionales remarcaron el giro del mandatario, que pasó de una posición más conciliadora con Londres a endurecer su discurso sobre soberanía y sanciones petroleras.

La cuestión, entonces, pasa por la coherencia de la posición de un Presidente que ahora se presenta como un férreo defensor de la soberanía después de haber construido buena parte de su política exterior alrededor de una estrecha alianza con Estados Unidos, una fuerte cercanía ideológica con el Reino Unido y una explícita admiración por quien encabezó a ese país durante la guerra de 1982.

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